Coordenada

Monterrey, N.L.– En medio del proceso de elección judicial para renovar cargos del Poder Judicial Federal, una investigación periodística ha resaltado el caso de dos candidatos con prácticas de nepotismo e intercambio de  en la Sala Regional del TEPJF: Ernesto Camacho Ochoa y Claudia Patricia de la Garza Ramos.

Ambos funcionarios, actuales magistrados de distintos órganos judiciales electorales, han sido señalados por operar una red de contrataciones cruzadas de familiares en puestos estratégicos. Según información publicada por Grupo Reforma y corroboradas de manera independiente por periodistas de investigación de este medio digital, en enero de 2021, el hijo de Claudia De la Garza, Héctor Alejandro Loya de la Garza, fue contratado en la ponencia de Ernesto Camacho en la Sala Regional del TEPJF, desempeñándose como actuario. Y apenas un mes después, en febrero de ese mismo año, el hermano de Camacho, Andrés Camacho Ochoa, fue contratado en el Tribunal Electoral del Estado por Claudia de la Garza bajo el cargo de Coordinador de Archivo.

Es decir, Camacho contrató al hijo de Claudia y ella al hermano de Camacho en un periodo de menos de un mes de diferencia.

Una consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia al día de hoy arrojó que Andrés, hermano del magistrado Ernesto Camacho, aún sigue cobrando en el Tribunal Electoral como Coordinador de Archivo, y de Héctor Alejandro, hijo de la magistrada Claudia, encontramos que todavía en 2024 seguía siendo actuario de la Sala Regional bajo la ponencia de Camacho, reflejando años de nepotismo de dichas familias a costa del erario público.

Estas contrataciones, evidentemente sincronizadas, revelan no solo un patrón de favores personales sino una preocupante colusión institucional entre órganos que deben mantenerse independientes y garantizar la imparcialidad del sistema electoral mexicano, comprometiendo sus principios a cambio de favorecer burdamente sus intereses personales y familiares.

El contexto resulta aún más delicado si se considera que tanto Camacho como De la Garza buscan ser electos y perpetuarse 8 años más como magistrados electorales en una Sala que juega un rol crucial en la resolución de impugnaciones de siete estados que integran la circunscripción plurinominal: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato..

Organizaciones civiles y expertos en justicia electoral han exigido al Senado de la República y a las autoridades electorales que vigilen con lupa el proceso de selección de los nuevos juzgadores y que se garantice un perfil de alta integridad y sin vínculos políticos o personales que comprometan la imparcialidad del tribunal, siendo ésta una de las críticas más relevantes sobre la inédita elección.